El que hizo la ley, hizo la trampa

¡¡¡El que hizo la ley… hizo la trampa!!!

“La Constitución Castro-comunista”

Claro está. Todo dependerá de quién haga la ley y, a los intereses que respondan. Por ejemplo: los Castro comunista son una dictadura que ya lleva 60 años de existencia. Por lo que han tenido que hacer leyes muy tramposas para permanecer por tanto tiempo y, para oprimir al pueblo de Cuba como lo han hecho.
Un ejemplo claro de ello, se puede observar en la Constitución. 《Empezando por la de 1976, en el artículo 36 que dice: El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que deben atender al mantenimiento del hogar y la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que este resulte compatible con el desarrollo de las actividades sociales de ambos.
La ley regula la formalización, reconocimiento y disolución del matrimonio y los derechos y obligaciones que de dichos actos se derivan》.
Está Constitución fue aprobada con 137 artículos. Por ser tan escueta, dio lugar a tanta arbitrariedades del régimen contra la población civil y, también la militar.

Recientemente el régimen lanzó una propuesta de Proyecto Constitucional para hacer una nueva. Lo más importante a tener en cuenta es, ¿para qué una nueva, si la existente ha sido violada desde la A hasta la Z?.
Este PROYECTO fue lanzado con 244 artículos.
Siguiendo el tema del matrimonio como la célula fundamental de la sociedad, podemos observar que el Proyecto pretende ir más allá de toda la naturaleza humana. Presenta el 《artículo 68: El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que están obligados al mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que este resulte compatible con el desarrollo de sus actividades sociales.
La ley regula la formalización, reconocimiento, disolución del matrimonio y los derechos y obligaciones que de dichos actos se derivan》.
Esto fue presentado para hacer legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto causó un gran descontento entre la población. Por lo que dijeron no hacer efectivo este artículo. Unos días después, sin ser llevado a consulta popular, sale la nueva Constitución Castro comunista aprobada y presenta el siguiente 《artículo 82. El matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges.
La ley determina la forma en que se constituye y sus efectos.
Se reconoce, además, la unión estable y singular con aptitud legal, que forme de hecho un proyecto de vida en común, que bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, genera los derechos y obligaciones que esta disponga 》.
Esta Constitución ha sido aprobada con 249 artículos por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Hasta el momento no ha sido sometida a consulta popular. Ya está a la venta en los estanquillos como Gaceta Oficial. El día para su aprobación está destinado para el 24 de Febrero. Es el día para que el pueblo de Cuba diga Si o No a esta Constitución y, sin embargo, ya está aprobada. La trampa es más clara que el agua.

NO a la Constitución Castro-comunista.

Llamado de urgencia

¡¡¡Llamado de urgencia!!!

A la Iglesia Cristiana en Cuba…

Cubanos de adentro y de abajo. En Defensa de tus Derechos, tiene la obligación como ciudadanos cubanos y patriotas, advertir del peligro que corre Cuba, la patria de todos los cubanos si no se realiza un plan de acción urgente respecto a la nueva y fraudulenta Constitución de la República de Cuba. Creada y manipulada minuciosamente por el órgano legislador para dar perpetuidad a la cúpula gobernante.
El régimen Castro comunista ha engañado descarada y cínicamente al pueblo de Cuba y, a toda las organizaciones internacionales que son partes vinculadas a este tipo de evento.
Sobre el tema del matrimonio igualitario, dijo que debía no ser llevado a cabo. Propuesta hecha en el Proyecto Constitucional de la República de Cuba, en el artículo #68. El cual fue grandemente discutido y desaprobado por la mayoría de los cubanos y, en especial la Iglesia Cristiana en Cuba.
En la ya aprobada Constitución, sin ser consultada con los que ejercen la máxima soberanía, esto es el pueblo, el artículo #68 fue maquillado y puesto en funcionamiento en su lugar, por el artículo #82.
La aprobación para esta Constitución está señalada para su consulta popular para el día 24 de Febrero de este año 2019 y, sin embargo, la nueva Constitución Castro comunista ya ha sido aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular y puesta a la venta en la Gaceta Oficial, cosa esta que deja saber que la opinión popular no es vinculante. Además, la propuesta del Proyecto Constitucional presentó 224 artículos, para después quitar aquellos que fueran desaprobados durante la consulta popular.
La evidente falta de aceptación del Proyecto Constitucional Castro-comunista por la población, la Iglesia y las organizaciones internacionales, llevó al régimen de los Castro aprobar la Constitución con 229 artículos, 5 artículos más, de los que fueron propuestos.
Por cuanto: la decisión del régimen ya está tomada. No ha respetado al pueblo de Cuba, a la Iglesia Cristiana ni a las organizaciones internacionales. Por lo que debemos responder en consecuencia: no reconocer al régimen Castro-comunista y no reconocer la nueva Constitución.

Yo… digo NO a la Constitución y al fraude.

La Patria

¡¡¡LA PATRIA!!!

¿La Patria?… es la Patria.
No tiene sobre nombres. No tiene apellidos…
Es símplemente la Patria.

Por tanto: (Condenamos con toda la energía) que lleva 《El artículo #4》de la Constitución Castro-comunista… y digo así, porque no reconocemos ni permitimos tal usurpación al mando, de lideres dictatoriales, narcoterroristas y asesinos; de manipular la vida política, social, cultural y económica de Cuba.
El artículo #4 dice: la defensa de la Patria “socialista” es el más grande honor y deber supremo de cada cubano. Bla, bla, bla, bla, bla, bla…
Ahora… mi pregunta. ¿Por qué la Patria tiene que ser socialista o, capitalista o, dictatorial o, absolutista, etc, etc, etc?…
¿Por qué no puede ser símplemente la Patria, el hogar de todos los cubanos?.
Sin tener en cuenta la raza, el origen social, el lugar dónde eligió vivir…
La Patria es, símplemente la Patria. Las leyes arbitrarias… no son leyes.
La Constitución de una República… no puede estar influenciada por un sistema político o ideológico.
De ser así, la dictadura se hace evidente.
Cuba… 60 años de dictadura comunista.
Ni 1 +

Dictadura aprueba Constitución sin la consulta popular

La dictadura Castro comunista es ¡¡¡GENOCIDA!!!

La nueva Constitución Castro comunista aprobada sin la consulta popular, dice:

Artículo #4. Dice: La defensa de la patria socialista es el más grande honor y deber supremo de cada cubano.
La traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien lo comete está sujeto a las más severas sanciones.
El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable.
Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución.

En este artículo, se ve claramente la opresión de una clase contra las otras, la exclusión y el genocidio.

Yo… digo NO a esta Constitución y, ratifico mi posición ciudadana de vivir la desobediencia civil cómo forma de participación política.

El Artículo #5. Dice: El Partido Comunista de Cuba, único martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado.
Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la sociedad comunista. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos.

Yo no reconozco ninguna Constitución impuesta por la dictadura Castro-comunista, si la consulta popular debida, que está diseñada para perpetuarse en el poder y, así continuar oprimiendo y reprimiendo al pueblo de Cuba.

60 años de dictadura comunista.
#NI1MÁS

Compatriotas

La lucha continúa…

La Asamblea Nacional del Poder Popular, ya aprobó la nueva Constitución de la República de Cuba.
Por tanto, ¿para qué es el voto de día 24 de febrero? ¿Con quién contó la dictadura Castro-comunista para aprobar la Constitución?
Por cuanto: no tiene ya ningún caso toda campaña a favor de VOTAR NO o NO VOTAR
Hay que cambiar de estrategia.
El boicots puede ser una buena estrategia, pero necesitaríamos movilizar al 51% de los cubanos.
En el día de hoy un grupo de Periodistas Independientes y blogueros, se reunieron en la Biblioteca Independiente Memorial Ada Maria Lopez Canino ubicada en el reparto de Calabazar, en el municipio de Boyeros la Habana Cuba, para condenar las mentiras del régimen Castro-comunista y la manipulacion de la nueva Constitución comunista.
Ratificamos nuestra oposición al régimen, el NO a la Constitución y #NI1MÁS.

Informe mundial sobre Derechos Humanos

INFORME MUNDIAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 2018
Human Rights Watch

El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente menor que en 2017, pero igualmente alta, y hubo más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2018. El gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos.
El 19 de abril, tomó posesión en Cuba un nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, quien reemplazó a Raúl Castro. Castro continúa siendo el líder del Partido Comunista y mantuvo su escaño en la Asamblea Nacional.
El 22 de julio, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una propuesta de reforma constitucional, que está previsto sea sometida a referéndum nacional el 24 de febrero de 2019. La nueva constitución, que reemplazaría a la adoptada en 1976, eliminaría el objetivo de “edificar la sociedad comunista”, pero mantendría el reconocimiento del Partido Comunista como la “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”.
Detenciones arbitrarias y encarcelamiento de corta duración
El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración, que aumentó de manera drástica entre 2010 y 2016 —de un promedio mensual de 172 incidentes a 827—, empezó a descender durante 2017, según datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, una organización independiente de derechos humanos que es considerada ilegal por el gobierno.
La cantidad de denuncias de detenciones arbitrarias siguió disminuyendo en 2018, y entre enero y agosto fue de 2.024. Esto supone una reducción del 45% respecto de los 3.706 casos informados en ese mismo período en 2017.
Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva.
A menudo se realizan detenciones preventivas para evitar que las personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días. Policías y agentes de seguridad del Estado siguen hostigando, maltratando y deteniendo a miembros de las Damas de Blanco (la organización fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos) antes o después de asistir a la misa de domingo.
En marzo, el ex preso político Iván Hernández Carrillo informó haber sido golpeado con violencia y detenido cuando intercedió para que no detuvieran a su madre, Asunción Carrillo, integrante de las Damas de Blanco, en el momento en que ella salía de su casa para ir a misa. Hernández dijo haber sido acusado —tras gritar “¡Abajo Raúl Castro!”— y multado por “desacato a la figura del máximo líder”. Los Carrillo fueron liberados ese mismo día.
El 3 de agosto, el disidente José Daniel Ferrer, quien fundó la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en 2011—al ser liberado tras ocho años en prisión— fue detenido junto con el activista Ebert Hidalgo y acusado de “asesinato en tentativa” cuando el automóvil que conducía atropelló a un funcionario del Ministerio del Interior. Diversos activistas han señalado que los cargos son una farsa, y varios testigos sostienen que el funcionario se arrojó delante del automóvil deliberadamente, y que inmediatamente después se puso de pie y se alejó en su motocicleta. Al ser liberado, 12 días más tarde, Hidalgo señaló haber sido sometido a torturas psicológicas y retenido en condiciones severas en una celda oscura y sucia.
En septiembre, la disidente Arianna López Roque fue detenida por un corto lapso tras haber quemado una copia del nuevo proyecto constitucional. López indicó que se le han imputado los delitos de desorden público, desobediencia, resistencia y desacato, y que un funcionario amenazó con tomar represalias contra su esposo, que actualmente está encarcelado.
Libertad de expresión
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero. Unos pocos periodistas y blogueros que son independientes de los medios gubernamentales logran escribir artículos para páginas web o blogs, o publicar tuits. El gobierno bloquea sistemáticamente el acceso a estos sitios webs dentro de Cuba y solamente una parte de la población cubana tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes, debido al acceso limitado a Internet y a su elevado costo. En septiembre de 2017, Cuba anunció que ampliaría progresivamente los servicios domiciliarios de Internet.
Los periodistas independientes que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser víctimas de hostigamiento, campañas de desprestigio, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se mantenga incomunicados a periodistas, al igual que a artistas y académicos que reclaman mayores libertades. Se siguen aplicando las leyes de desacato contra opositores.
El 30 de enero, la periodista Iris Mariño García, que trabaja para el medio La Hora de Cuba, fue acusada penalmente por ejercicio del periodismo sin habilitación. El director del medio indicó que una mujer acusó a Mariño de haberla entrevistado en la calle y que, cuando la policía interrogó a Mariño, los agentes se enfocaron en las encuestas de opinión que realiza el periódico, lo cual evidencia la motivación política detrás de su detención. Mariño fue detenida nuevamente cuando intentó tomar una fotografía de la manifestación de trabajadores del 1ero de mayo. Fue llevada a una dependencia policial e interrogada.
En julio, el periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, cuyo trabajo se publica en el sitio de noticias Cubanet, permaneció detenido e incomunicado por 58 horas. La policía allanó su vivienda y confiscó sus computadoras, teléfonos y otros artículos.
En abril de 2018, el presidente Díaz-Canel firmó el Decreto 349, que se espera entre en vigor en diciembre de 2018, en el que se establecen restricciones amplias e imprecisas a la expresión artística. La norma establece que no se permite la “prestación de servicios artísticos” en espacios públicos o privados sin la aprobación previa del Ministerio de Cultura. Quienes contraten o realicen pagos a artistas por servicios artísticos que no tuvieran la correspondiente autorización podrán ser objeto de sanciones, al igual que los propios artistas. El decreto prevé distintas sanciones, como multas, el decomiso de materiales, la cancelación de eventos artísticos y la revocación de licencias. Diversos artistas independientes locales se han manifestado en contra del decreto. El 11 de agosto, miembros de la policía detuvieron y golpearon a Luis Manuel Otero Alcántara y al menos a otros tres artistas cuando intentaban organizar un concierto contra el decreto, según se informó en los medios.
Presos políticos
En mayo de 2018, la Comisión Cubana de Derechos Humanos informó que había en Cuba 120 presos políticos, incluidos más de 40 miembros de la Unión Patriótica de Cuba. El gobierno no permite que organizaciones de derechos humanos independientes puedan acceder a las cárceles en el país. Las organizaciones creen que hay más casos de presos políticos cuyos casos no han podido documentar.
Los cubanos que critican al gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente. No se les brinda un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están “subordinados” al poder ejecutivo y al legislativo, lo cual impide que exista verdadera independencia judicial.
El Dr. Eduardo Cardet Concepción, líder del Movimiento Cristiano Liberación, seguía en prisión al momento de redacción del presente. Cardet, a quien se había amenazado con la posibilidad de prisión por apoyar la campaña “Un cubano, un voto”, fue condenado en marzo de 2017 a tres años de prisión. Hasta agosto de 2018, se encontraba encarcelado en régimen de aislamiento y se le negaban las visitas y todo contacto con familiares, incluso por teléfono. Las autoridades señalaron que las visitas familiares “no estaban contribuyendo a la reeducación”.
En mayo, el exprofesor de biología y consumado ambientalista Dr. Ruíz Urquiola fue condenado a un año de cárcel por “desacato” a un guardia forestal. Inició una huelga de hambre durante el encarcelamiento. En julio de 2018, se le concedió la libertad condicional por motivos de salud. En agosto de 2018, denunció irregularidades en la gestión de su caso y la aplicación de restricciones a la posibilidad de viajar.

Restricciones a la posibilidad de viajar
Desde que en 2003 se implementaron reformas sobre viajes, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado este permiso han podido viajar, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros independientes. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”, y en reiteradas oportunidades las autoridades les han negado la salida a personas que expresan disenso.
El gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana. El decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas de otras regiones de Cuba viajen a La Habana para asistir a reuniones.
En abril, a las disidentes y defensoras de derechos humanos Dulce Amanda Duran, Roseling Peñalvar y Wendis Castillo se les prohibió viajar a Lima para un encuentro de la sociedad civil. A Castillo, defensora de derechos humanos y miembro del Movimiento Dignidad, también se le había prohibido viajar en noviembre de 2017, cuando intentó tomar un vuelo a Lima para participar en una conferencia sobre corrupción y derechos humanos en América Latina.
En julio de 2018, René Gómez Manzano, un conocido disidente que había sido encarcelado varias veces, fue interceptado en el aeropuerto antes de abordar un avión para asistir a un encuentro de derechos humanos en Montevideo. Los agentes le informaron que no estaba autorizado a viajar.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país están sobrepobladas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según indicaron antiguos presos políticos ya liberados. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los presos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante extensos períodos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de la atención médica.
Si bien el gobierno permitió que unos pocos miembros de la prensa extranjera elegidos específicamente realizaran visitas supervisadas a algunas prisiones en 2013, continúa negando que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles.
El 9 de agosto, Alejandro Pupo Echemendía falleció mientras se encontraba bajo custodia policial en Placetas, Villa Clara, siendo investigado por un supuesto delito vinculado con una carrera de caballos. Los familiares dijeron que su cuerpo presentaba signos de haber sufrido una violenta golpiza, mientras que las autoridades afirman que se arrojó él mismo contra una pared y falleció de un paro cardíaco. Hubo señalamientos de que familiares y testigos fueron coaccionados para que se retractaran de sus declaraciones iniciales y confirmaran la versión oficial.
Derechos laborales
Aunque Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país sigue violando convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado, especialmente en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. Si bien, técnicamente, la legislación autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica Cuba sólo permite una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.
Defensores de derechos humanos
El gobierno cubano todavía se niega a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. Ha sido habitual que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.
Orientación sexual e identidad de género
Luego de protestas, el gobierno cubano decidió eliminar del proyecto de nueva constitución algunas disposiciones que habrían redefinido al matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo.
Actores internacionales clave
En noviembre de 2017, EE. UU. restableció las restricciones al derecho de los estadounidenses de viajar a Cuba y realizar negocios con sociedades vinculadas con las fuerzas militares y de seguridad o los servicios de inteligencia cubanos. Asimismo, Estados Unidos votó contra una resolución de las Naciones Unidas que condena el embargo estadounidense contra Cuba, lo que supone un cambio radical respecto de su abstención en 2016.
En marzo, el expresidente colombiano Andrés Pastrana y el expresidente boliviano Jorge Quiroga fueron detenidos en el aeropuerto de La Habana y no se les permitió entrar al país. Habían llegado en avión a Cuba para recibir un premio en nombre de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, un foro conformado por 37 ex presidentes y jefes de Estado.
En abril de 2018, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, criticó la elección de Díaz-Canel y se refirió a esta como “un intento de perpetuación de un régimen autocrático dinástico-familiar”. “Se llama dictadura”, agregó.
En enero de 2018, la Alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores se reunió en La Habana con autoridades cubanas para acelerar la implementación de su Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. El 15 de mayo, la UE y Cuba celebraron la primera reunión a nivel ministerial del Consejo Conjunto en Bruselas.
Cuba es actualmente miembro del Consejo de Derechos Humanos, ya que fue reelecta para el período 2017-2019

Justicia divina

¡¡¿No hay lengua qué habló; que Dios no castigó!!!.

Por años he visto como el mundo ha hecho burla de la situación tan crítica de los cubanos.
Un país rodeado de mar, casi imposible de salir de el, si lanzarse al suicidio.
Donde tantos extranjeros se han aprovechado de nuestra situación, para prostituir a nuestras hermanas, hermanos y madres. Porqué para nadie es secreto todo lo que han tenido que pasar los hijos de la Patria de José Martí, Antonio Maceo y de Félix Varela, aquel quién nos enseñó a pensar.
《Justicia divina, tienen que sufrir》.
Ahora podemos ver cómo Venezuela, un gran país, está sumergido en la inmigración.
En los últimos cuatro años han migrado más de toda la suma de los cubanos en más de sesenta años, sin tener la pérdida de miles y miles de hijos de la Patria cubana, en la migración segura entre frontera.
Por ahí, tenemos a México… vamos a ver qué pasa.
Nicaragua… qué puedo decir.
Bolivia, que bien baila entre la podredumbre…
No hay lengua qué habló, que Dios no castigó…

¿Votar NO o, NO votar?

Cuba y la Constitución castrista: ¿votar No o no votar?

Unos cubanos animan la campaña por el voto masivo en contra, y desde el extremo opuesto, otros abogan por una masiva ausencia a las urnas

MIRIAM CELAYA

JUEVES, 10 DE ENERO
WEST PALM BEACH.

– Restando menos dedos meses para el referéndum que someterá a consideración de los cubanos de la Isla la “ratificación” o no de la reforma constitucional aprobada ya de manera unánime por la Asamblea Nacional, las redes sociales han sido el escenario de una enconada controversia entre quienes animan la campaña por el voto masivo en contra de la “nueva” constitución espuria redactada por los escribas del castrismo, y desde el extremo opuesto, quienes abogan por una masiva ausencia a las urnas.

Cada una de ambas propuestas tiene sus propios argumentos. Los partidarios de no asistir a las urnas (opción que en términos electorales equivale a la abstención), consideran el ejercicio del voto como una “legitimación de la dictadura”, asumiendo que tanto la recién redactada Constitución como el aparato electorero oficial constituyen un fraude en sí mismos -lo cual no deja de ser cierto- y que votar en tales condiciones es “hacerle el juego” al gobierno. A la vez, varios de los animadores de la abstención plantean que la alternativa “legítima” sería lanzarse a las calles y marchar en contra del castrismo.
Ahora bien, ¿sería viable la opción de “abstención-marcha callejera”? No lo parece. Al menos la experiencia no la favorece. Es archisabido que -más allá de supuestos compromisos políticos con la “revolución”- la abrumadora mayoría de los electores en Cuba acuden a las urnas por temor a “señalarse” y a sufrir represalias. Durante décadas la presión de las autoridades sobre el electorado se ha hecho sentir tanto a través de la enorme y asfixiante propaganda castrista como en la figura de “agitadores” menores, sean estos elementos de los Comités de Defensa de la Revolución o pioneritos enviados a las casas para urgir a votar a los más morosos.
Tampoco es un secreto para nadie que, si de fraudes se trata, las autoridades bien pueden utilizar a su favor las boletas de los ausentes a las urnas para colocarles un rotundo “Sí”, en su propio beneficio, de manera que la abstención no constituye una garantía de éxito.
Ni qué decir de lograr una quimérica marcha popular masiva en rebelión contra las elecciones o contra el régimen. Resulta impensable que un electorado temeroso del simple hecho de negarse a votar tenga el coraje de lanzarse a las calles a marchar y enfrentar la furia de los cuerpos represivos castristas. Dejando de lado otras consideraciones esenciales como la carencia de poder de convocatoria suficiente para movilizar a una masa crítica de cubanos, o la ausencia de liderazgos adversos al régimen que sean reconocidos por las multitudes, podría afirmarse que la opción de abstenerse y/o marchar es (casi) absolutamente inviable.
Por su parte, la propuesta de asistir a votar por el NO cuenta con algunos elementos a su favor. En principio, la convocatoria inicial nació desde la sociedad civil, en las redes sociales, no desde partidos políticos de oposición ni de organizaciones de ninguna tendencia política. Se trata de una auténtica reacción ciudadana que ha estado concitando más consensos que disensos entre cubanos de todas las orillas y cuya campaña ha sido tan rápida y viral que incluso se anticipó y puso a la defensiva al régimen dictatorial, forzando a su poderosa maquinaria propagandística a una apresurada campaña por el SÍ.
Como beneficio adicional, esa espontaneidad y rapidez de la campaña “YoVotoNo” ha impedido que líderes o grupos de cualquier denominación acaparen el protagonismo y “asuman” o se atribuyan su dirección. Este aparentemente insignificante detalle propicia la participación de cubanos que no se sienten identificados con la oposición o que recelan de liderazgos con los que no están familiarizados, pero que también rechazan a la dictadura y aspiran a cambios dentro del país, sin que ello implique anular la participación de opositores o disidentes.
El discurso oficial de que la opción YoVotoNo es una “propuesta del enemigo” se derrumba ante el simple hecho de que ésta no requiere de financiamientos externos ni de ninguna naturaleza: se trata del simple, voluntario y sencillo ejercicio de un derecho ciudadano, el derecho al voto, uno de los pocos con los que contamos y que, a juzgar por la virulencia del discurso castrista, ahora se erige en amenaza para su reinado totalitario basado en la unanimidad en la obediencia.
Y esa es otra indiscutible ventaja estratégica del voto negativo: no supone riesgos de represión, puesto que al fundarse sobre el derecho ciudadano al voto secreto reconocido en la Ley electoral, resulta imposible prohibir u obstaculizar la participación de todos los electores cubanos de la Isla en el referéndum, al contrario de lo que sucede con las manifestaciones callejeras que pueden terminar disueltas o simplemente impedidas de realizarse por la acción de las fuerzas represivas de la dictadura.
En cuanto a la pretendida “legitimación de la tiranía” y de su Carta Magna, en este caso se trata de todo lo contrario: la estrategia del NO se basa en utilizar las armas del propio sistema, no para legitimarlo, sino para empoderar el voto ciudadano. Es decir, que el propio ciudadano legitime mediante el voto su rechazo a la susodicha Constitución, no gracias a la Ley electoral castrista sino a pesar de ella.
Una estrategia cuyo antecedente más cercano fue -salvando las diferencias- el Proyecto Varela, impulsado desde finales de los años 90’ por Oswaldo Payá, que abogaba por reformas políticas a partir de la propia Constitución, y cuyas repercusiones significaron a la postre un costo político significativo para la dictadura, aunque en virtud de subterfugios legales no se haya logrado el objetivo inicial de sus promoventes.
En el caso actual, sin embargo, estamos ante un escenario diferente con circunstancias favorables muy objetivas para enfrentar al régimen en sus propias urnas. En primer lugar porque la convocatoria al referéndum es oficial, lo que haría de cada boleta un voto legítimo, y en segunda instancia porque se han acumulado casi dos décadas más de fracasos del sistema, se han multiplicado las carencias, la desesperanza y las frustraciones de la población, ha desaparecido el liderazgo histórico, estamos en el inicio de otro cisma económico, es palmario el fracaso del sistema tras 60 años y la “revolución” no cuenta con el más mínimo capital de fe entre la mayoría de los cubanos.
Súmese a esto el desencanto de quienes se crearon alguna expectativa en torno a la llamada “consulta popular” y cuyas sugerencias o insatisfacciones no fueron tenidas en cuenta en el resultado final, los grupos LGTBI que fueron literalmente burlados con la supresión del artículo 68, los artistas que se han rebelado públicamente contra el Decreto 349 -ahora en moratoria pero no suprimido- los transportistas privados que protagonizaron recientemente una huelga de brazos caídos en la capital cubana, y se tendrá una idea aproximada de todo el descontento popular que está creciendo dentro de la Isla.
Esto sugiere que, si bien es difícil (aunque no imposible) lograr imponer el NO en las urnas debido a la aceitada maquinaria de propaganda y de fraude electoral del Poder, las condiciones actuales son propicias para alcanzar una cifra considerable de boletas negativas al régimen castrista, lo cual significa un triunfo en sí mismo porque no solo obligaría a las autoridades a cometer el más escandaloso de los fraudes, sino porque mientras más votos negativos haya se le haría virtualmente imposible alterar todo el proceso de escrutinio y tendrían que aceptar al menos una parte significativa de los votos en contra.
Algunos detractores de la iniciativa YoVotoNo han sugerido que el régimen castrista solo aceptaría, cuando más, la existencia de un 20% de votos negativos. Olvidan que, de ser así, estaríamos hablando de casi dos millones de electores con voto adverso. Reconocerlos oficialmente abriría la puerta a futuros pasos y legítimos reclamos de ese amplio sector social que no se siente representado en la Carta Magna y que, en consecuencia, empujaría por nuevos espacios y libertades. Casi dos millones de votos adversos significan una profunda fisura que desmentiría el discurso oficial de la “unidad del pueblo en torno a su revolución” y pondría sobre el escenario a la verdadera sociedad civil cubana. Tanto mayor sería la fuerza social si los resultados fueran más elevados, en caso de acudir masivamente a las urnas por el NO.
Vale señalar, además, que contrario a toda aparente lógica el castrismo, en su infinita soberbia, siempre ha contado con el temor, la apatía, la indiferencia, el cansancio de los cubanos comunes, y también con las eternas divisiones internas entre los diferentes grupos disidentes y de la oposición. Es por eso que capitalizar esa confianza de la claque del Poder en la abúlica inercia nacional, y volverla en su contra, es incluso más factible que intentar capitalizar tardíamente el descontento popular en función de intereses políticos de sectores o grupos particulares.
Una fuerza que se multiplica con el apoyo de muchos cubanos emigrados que han estado animando desde el exterior la campaña YoVotoNo, lo que indica que supera con creces los límites “legales” del simple ejercicio al voto -derecho del cual carecen los emigrados- para convertirse en un eje de unidad en rechazo al castrismo. Probablemente ninguna propuesta opositora había logrado antes concitar tanta solidaridad y cohesión entre cubanos de tan diferentes sectores y pensamientos como esta sencilla iniciativa ciudadana, y ese solo hecho indica que en Cuba puede ser posible un antes y un después, incluso desde las urnas de la dictadura.
(Miriam Celaya, residente en Cuba, se encuentra de visita en Estados Unidos)

Terrorismo de Estado

Cuba, Represión, Terrorismo (CUBAENCUENTRO)
El terrorismo de Estado en Cuba
La cadena de mando desde la Fiscalía General de la República hasta la policía, conduce el terrorismo de Estado en Cuba

Marlene Azor Hernández

Ciudad de México | 06/04/2017 9:03 am

La delegación cubana ante el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas, declaró en su sesión del 6 de marzo de este año: “nunca ha sido necesario declarar el Estado de emergencia en el país”. Dijo la delegación, que el estado de emergencia se aplica sólo relacionado con desastres naturales y no, porque haya peligro de desestabilización política interna. Pero en caso de declarase, alguna vez, nunca restringiría los Derechos constitucionales.
El periodista independiente Maykel González Vivero, y nueve integrantes del grupo de periodistas, “Periodismo de Barrio”, fueron detenidos entre el 10 y 12 de octubre de 2016, cuando intentaban reportar los daños del Huracán Matthew en la zona oriental del país. González Rivero estuvo detenido de manera arbitraria 72 horas, y los restantes periodistas varias horas en la ciudad de Baracoa. La seguridad del Estado cubana dijo a los detenidos, que la causa del arresto era “el Estado de excepción” en toda la zona oriental afectada.
La definición de terrorismo de Estado
Los Estados poseen el monopolio de la fuerza para poder cumplir sus fines, pero deben usar ese derecho racionalmente y de acuerdo a las leyes. Cuando el Estado a través de sus gobernantes reprime a la población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de terrorismo de Estado, que es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido proceso.
El terrorismo de Estado cubano se apoya en tres tipos de negación para practicar su terrorismo cotidiano:
– La negación de la responsabilidad: los hechos nunca existieron.
– La negación de la interpretación: Si algún hecho ocurrió, no es entendido por el estado como violación de derechos sino como defensa de la “seguridad nacional” la misma consigna que utilizaron las dictaduras del Cono Sur en la década de los 70 y 80 del siglo pasado.
– La negación de las implicaciones: Las consecuencias sociales, civiles, económicas políticas y culturales del terrorismo de Estado para las víctimas, se ocultan, tergiversan y no existe indemnización para las víctimas y sus familiares.
El Gobierno cubano en “estado de negación” frente a la ONU
La delegación cubana, en las sesiones del 6 y 7 de marzo en la ONU negó la posibilidad de comunicaciones personales de sus ciudadanos o interestatales sobre la violación de los Derechos consagrados en la Convención contra las desapariciones forzadas, en sus artículos 31 y 32, y alega soberanía nacional para prohibirlo. Por otra parte, señala que no es necesario porque el sistema cubano garantiza la integridad física y moral y la seguridad de todos los ciudadanos.
Negación de la responsabilidad del gobierno cubano: los hechos nunca ocurrieron.
Es así que el Estado cubano niega la existencia de los 9.940 arrestos arbitrarios entre enero y diciembre de 2016. En enero y febrero de 2017 ocurrieron 862 arrestos arbitrarios según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional considerada ilegal por el Gobierno cubano.
Las golpizas reportadas contra Antonio Rodiles, El Sexto, Eduardo Cardet, José Daniel Ferrer, Carlos Amel, las Damas de Blanco, Guillermo Fariñas, Jorge Luis Pérez (Antúnez), Iván Hernández Carrillo y la enorme lista de presos políticos que desde hace décadas han sufrido y sufren abusos, maltratos, tortura de diversos grados y celdas de castigo en los centros penitenciarios del país. Estas golpizas nunca existieron. Ningún relator especial de Derechos Humanos de la ONU ni la Cruz Roja internacional, han podido visitar los 200 centros penitenciarios del país. El Gobierno lo impide.
El caso del preso político fallecido en la cárcel el 24 de febrero de 2017, Hamell Santiago Más Hernández, llevaba más de ocho meses preso sin presentarle a juicio y careció de asistencia médica adecuada, según su esposa que lo visitó en prisión. En el momento de su muerte no contaba aún con un abogado defensor.
En relación con las violaciones a domicilios, el Coordinador de la UNPACU, José Daniel Ferrer, ha denunciado más de siete decenas de allanamientos arbitrarios a las casas de opositores —en el año 2016 y primeros del nuevo año— donde familiares y niños están presentes ante la violencia policial. El “hurto” que hacen las autoridades de instrumentos de trabajo y expedientes de trabajo, comida, bienes y dinero aparecen en la ley como “confiscación.” El Centro Cubalex fue violentado sin orden de arresto plausible —la “receptación ilícita” no implica la violación forzada del domicilio— y sus miembros obligados a desnudarse ante las autoridades como humillación y muestra de tratos degradantes por parte de las autoridades de la policía, la seguridad del Estado y la Fiscal, presente en la violación con fuerza del domicilio. Con igual impunidad sus instrumentos de trabajo y expedientes fueron robados bajo la figura de “confiscación”. Estos hechos para el gobierno cubano y su delegación el 6 y 7 de marzo de 2017, no existieron.
La negación en la interpretación de los hechos
El Gobierno cubano niega la existencia de los hechos, pero si de manera general asume algún caso, la interpretación es opuesta al hecho. El caso de la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero el 22 de julio de 2012, es un caso notorio. La autopsia de las causas de muerte de ambos activistas efectuadas por las autoridades cubanas no han sido presentadas a sus familiares, cinco años después.
La delegación cubana a las sesiones del 6 y 7 de marzo en la ONU, declaró que a todo fallecido en manos de las autoridades se le practica la autopsia con la presencia y acuerdo de los familiares de los fallecidos. No parece ser el caso de los 202 fallecidos en los centros penitenciarios entre 2010 y 2011 declarados por la delegación cubana en el año 2012, porque los procedimientos no incluyen la revisión por parte de la familia del estado de los fallecidos antes de practicárseles la autopsia por Medicina Legal. Este órgano está regido por el Tribunal Supremo, la Fiscalía general y el MININT. Por lo tanto, no existe protección independiente contra la comisión “de abusos de poder” por las autoridades frente a las muertes en prisión y frente a la atención médica en prisión.
Por otra parte, la represión a periodistas independientes y activistas opositores no se reconoce individualmente, pero los órganos de prensa oficial los declaran masivamente “mercenarios”, y por ello dejan de ser considerados ciudadanos cubanos y no tienen ninguna garantía sobre su integridad física y moral, de Habeas corpus, ni garantía procesal: son considerados por el régimen no personas.
La negación de las implicaciones civiles económicas sociales y morales para las víctimas del terrorismo de Estado
La delegación cubana a las sesiones del 6 y 7 de marzo de este año no pudo explicar al Comité de la ONU las indemnizaciones en caso de abuso de poder de las autoridades. En la legislación penal cubana y en la práctica de la PNR, el MININT, los Fiscales, los tribunales no existe la indemnización para las víctimas de los abusos de poder del Estado.
En estado de negación, la delegación cubana declaró que no existían “abusos de poder” de los funcionarios públicos por la “esencia humanista” de su sistema político, pero si ocurrieran, se inculparían a los infractores de la ley. La delegación cubana negó en la ONU la necesidad del reconocimiento de un organismo nacional de Derechos Humanos independiente que monitoree las violaciones a los Derechos Humanos en Cuba. Dijo que en Cuba no se violan los derechos de los ciudadanos.
La base del terrorismo de estado en Cuba
Siendo una política del Estado la represión a los distintos tipos de discrepancia económica, social, civil, política y cultural, la violación cotidiana de los Derechos fundamentales se ejerce por las autoridades en los arrestos y en todo el resto de los procedimientos judiciales, laborales y penales.
El procedimiento es el siguiente: la policía y los Instructores del MININT tienen un catálogo de delitos en el código penal del cual imponen cualquiera de ellos por delitos no cometidos. El Fiscal siempre confirma dichos delitos fraudulentos, no hay revisión de la pertinencia de las acciones de los detenidos y el delito que se le imputa, y el proceso sigue su curso con otras tantas violaciones al propio código penal y a su reglamento. Los tribunales reciben las informaciones de los Fiscales y no existen mecanismos de defensa para impugnar los resultados de la investigación del Fiscal. Los abogados defensores tampoco pueden impugnar los resultados de la investigación fiscal y pedir una investigación independiente.
No está contemplado en las leyes cubanas como delito, la discrepancia política, es más, la crítica de los ciudadanos aparece como derecho en la Constitución de la República. No está contemplado en las leyes cubanas el delito de manifestación pacífica. Sin embargo, para paliar esta ausencia, la PNR, los Instructores del Ministerio del Interior, los Fiscales y el sistema de tribunales, imponen delitos no cometidos por los supuestos infractores con total impunidad. “Atentado contra la autoridad” cuando es el detenido quien sufre detención violenta, “receptación ilícita” aun cuando se muestran los documentos que demuestran la propiedad de los bienes incautados, “usurpación de la capacidad legal” para los periodistas independientes, “disturbios del orden público” cuando manifiestan pacíficamente. Por eso, muchos activistas de Derechos Humanos, periodistas independientes y activistas políticos no firman las actas de detención porque aparecen en esas actas oficiales, delitos que no se han cometido. Esta arbitrariedad orientada por el Estado cubano a todos sus órganos represivos, judiciales y laborales constituye la base del terrorismo de Estado cotidiano en Cuba.

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Fraude en referéndum castrista, es inminente

¿Es posible el fraude en el referendo del 24 de febrero?
La vacuna para evitar que esta amenaza disuada a los electores de asistir a las urnas para votar No, es comprender que se arriesga poco y se puede ganar mucho.
REINALDO ESCOBAR, La Habana | Enero 02, 2019
La sospecha de un posible fraude tiene un efecto desmovilizador entre los promotores del No en el referendo de la Constitución. (EFE)
La posibilidad de que se cometa algún tipo de fraude para adulterar los resultados del referendo constitucional, que tendrá lugar el próximo 24 de febrero en Cuba, es una de las preocupaciones más recurrentes en las conversaciones entre los activistas.
La sospecha de un posible fraude tiene un efecto desmovilizador entre los promotores del No. Los más efectivos antídotos para anular este pesimismo paralizante son: asumir esa posibilidad como un riesgo razonable o confiar en que no se consumará el fraude.La vacuna más efectiva para evitar que esta amenaza disuada a los electores de asistir a las urnas para votar No, es llegar a la comprensión de que se arriesga poco y se puede ganar mucho.En fin de cuentas lo que se arriesga (además de perder unos minutos en vano frente a las urnas) es que el Gobierno pueda exhibir como un gran éxito la masiva participación de los ciudadanos y que el No quede derrotado ante la aplastante mayoría del Sí. Pero los que proponen abstenerse, para no hacerle el juego al temido fraude, debieran razonar que resulta mucho más sencillo adulterar la cifra de participación que el número de votos negativos.
Los que proponen abstenerse, para no hacerle el juego al temido fraude, debieran razonar que resulta mucho más sencillo adulterar la cifra de participación que el número de votos negativos
Los Artículos 116 y 117 de la Ley Electoral vigente introducen un elemento que favorece la falta de transparencia en la información de los resultados del sufragio. En ambos párrafos la ley obliga a los miembros de las mesas electorales, tras finalizar el conteo, a colocar a la vista del público “una boleta de muestra” con el resultado del cómputo de la votación donde se exhiben cuántos votos alcanzó cada candidato. La boleta no tiene espacio para otros datos.Resulta cuando menos llamativo que en un país donde proliferan los modelos y las planillas para cualquier trámite, que a nadie se la haya ocurrido producir un documento para volcar toda la información resultante del sufragio. Como consecuencia de este “ahorro de papel”, los datos de cuántos electores asistieron a cada colegio y cuántos se abstuvieron no permanecen a la vista pública, ni tampoco el número de boletas anuladas o en blanco.Esos números solo podrán conocerlos aquellos electores que estén presentes en el momento del conteo de votos en un colegio determinado. Pero después de ese proceso ya no es posible hacer un recorrido por todos los colegios de un municipio con el propósito de colectar datos y poder contrastarlos con la información oficial que suele ofrecerse al final del proceso desglosada por municipios y provincias. Quienes lo hagan solo encontrarán una boleta colocada, probablemente en la puerta del local, con los números obtenidos por la opción del Sí y del No.
La posibilidad de manipular estos datos a nivel provincial o nacional queda así en manos de un reducido grupo de personas de máxima confianza del Poder
La posibilidad de manipular estos datos a nivel provincial o nacional queda así en manos de un reducido grupo de personas de máxima confianza del Poder.
En los procesos electorales llevados a cabo para delegados de circunscripción y diputados es poco probable que el resultado del conteo de votos sea fruto de un fraude cometido en los colegios electorales. La escena de los miembros de una mesa electoral marcando sin pudor las boletas en blanco, o cambiando lo que refleja la voluntad de los electores en presencia de testigos, resulta difícil de creer. La masiva complicidad para ejecutar un acto de esta naturaleza en los casi 25.000 colegios que pudieran habilitarse el 24 de febrero, requiere de un número de personas discretas y absolutamente confiables que el Gobierno no tiene hoy en sus filas. Los ciudadanos que realizan la labor en el nivel básico de los colegios electorales podrán ser dóciles, obedientes y absolutamente convencidos de que el socialismo es lo más conveniente para el país; podrán ser fidelistas y vehementes admiradores del actual presidente, pero eso no los convierte automáticamente en una multitud de cínicos redomados carentes de ética y decencia.Ese tipo de fraude no parece haber ocurrido hasta la fecha en las elecciones de delegados y diputados, entre otras razones, porque no ha sido necesario. Para eso se inventó algo más siniestro que es el prefraude consistente en la intimidante nominación a mano alzada de candidatos a delegados de circunscripción y la existencia de las Comisiones de candidatura para conformar el listado de diputados al Parlamento.Cuando esos trucos no fueron suficientes, entonces se reunieron los militantes del barrio para desacreditar a los candidatos incómodos y, si la persuasión no bastó, entonces salieron de sus cuarteles los agentes de la Seguridad del Estado para detener a los más peligrosos.Los propagandistas del Gobierno contrastan estas elecciones escoltadas por pioneritos con aquellas antes de 1959 que –cuentan- había que custodiar con hombres armados para impedir que un partido asaltara con sus huestes un colegio electoral y se robara las urnas.
Si en el próximo referendo se colocan a las afueras de cada colegio electoral los resultados del escrutinio usando una de las boletas, nunca podrá colectarse el número real de ausentes
Si en el próximo referendo se colocan a las afueras de cada colegio electoral los resultados del escrutinio usando una de las boletas que quedaron disponibles, nunca podrá colectarse el número real de ausentes, ni las hojas en blanco o anuladas, solo podrá conocerse cuántos Sí y cuántos No.
Con un poco de constancia y un mínimo de organización, si los activistas recorren a pie o en bicicleta los colegios de cada municipio y dejan constancia gráfica de las informaciones públicas, le será muy complicado al Gobierno adulterar la suma de votos obtenidos en cada municipio. Solo le quedaría cambiar las matemáticas si se pretendiera adulterar los datos provinciales y nacionales.
¿Acaso es imposible que se cometa un fraude? No, no es imposible, pero el riesgo de que se descubra es enorme y es poco probable que se atrevan a realizarlo, incluso en ausencia de observadores independientes.
Fueron ellos los que crearon un mecanismo de votación y escrutinio prácticamente blindado, basado en la creencia popular de que todo acto cívico es inútil y que ellos lo tienen todo controlado.
Basta con que cada elector inconforme tenga la mínima valentía que se requiere para marcar una cruz junto al No en la intimidad de un cubículo de votación. Obligarlos a cometer un fraude descarado también sería una victoria.
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